Maguey en Hidalgo: ¿Soluciones de Reforma o Medida Controversial?

El pasado 30 de mayo de 2024, un decreto crucial, el número 930, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Este decreto aborda la gestión y explotación del maguey, una planta emblemática en el estado de Hidalgo. Lo cual derivó en manifestaciones pacíficas en el edificio del Congreso del Estado y algunos oficios que llegaron a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADERH) y el despacho del Gobernador Julio Menchaca, provocando que incluso algunos productores se ampararon ante este decreto.

La actual legislatura, en torno al futuro de este recurso, decidió implementar nuevas regulaciones. ¿Pero qué implica realmente este decreto y cómo afecta a los productores y al medio ambiente?

Productores Frente a la Veda

En un movimiento que ha sido mal recibido por la comunidad de productores de maguey en el estado, se reforma el artículo 5 fracción XXXIII y el artículo 50, se adicionan fracciones XXIII bis y XXXVI bis, se adiciona en el artículo 8 las fracciones I bis y XII bis, entre algunas otras de la ley vigente. Esto fue impulsado por un grupo parlamentario encabezado por Alejandro Enciso y Julio Valera antes de su adición a MORENA. Las modificaciones otorgan a la SADERH y a los municipios facultades adicionales en la coordinación para la aplicación de políticas públicas relacionadas con el maguey. Además, se contemplan nuevas infracciones y sanciones administrativas por el incumplimiento de medidas dictadas en declaraciones de veda.

¿Facilitan estas modificaciones la gestión y el cuidado del maguey, o simplemente añaden una capa adicional de burocracia?

En un esfuerzo por salvaguardar la economía y los derechos de los productores de maguey en Hidalgo, la Asociación Civil "Consejo Regulador del Maguey y Derivados Hidalgo" ha expresado su preocupación respecto al Decreto 930. Este decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Manejo Sustentable del Maguey, fue presentado por las Diputadas locales que integraban el Grupo Plural Independiente (GPI) en ese momento y registrado en el Libro de Gobierno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales con el número 1235/2024.

La problemática se centra en las nuevas facultades otorgadas para declarar períodos de veda magueyera, que prohíben la explotación del maguey con fines de extracción de pencas, mixiotes, gusanos blancos y rojos, entre otros subproductos. Según el Consejo Regulador, esta medida afectará gravemente la cadena de valor de la cual dependen miles de familias en 46 municipios del estado.

Los productores argumentan que la explotación del maguey es esencial para la economía local, que se basa en la venta de penca, extracción del chinicuil, gusano blanco, mixiote, ixtle, así como en la producción de aguamiel, pulque y destilados. La preocupación principal radica en la posibilidad de que surja un mercado negro o clandestino que perjudique gravemente el esquema social, económico y ambiental de la región, siendo Hidalgo el principal productor de maguey en el país.

Cambios en la Ley y Veda: ¿Progreso o Controversia?

Ante esta situación, la Asociación ha decidido promover el Juicio de Amparo 1178/24-4 contra las autoridades responsables. En palabras de un representante del Consejo Regulador del Maguey y Derivados Hidalgo: "Nuestra intención es exponer de manera urgente la problemática económica y social, así como el daño que causaría esta ley autoaplicativa al dejarnos indefensos como productores, comercializadores y consumidores de la cadena agroalimentaria del maguey."

La Asociación busca con esta acción proteger los intereses de las familias y comunidades que dependen del maguey, y garantizar un manejo sostenible que equilibre la conservación con el desarrollo económico local.

Esta y otras asociaciones civiles han participado en mesas de trabajo con la secretaría de agricultura para construir una propuesta de mejora a este decreto.

Secretaría de Agricultura, ¿Cuál es su Perspectiva?

En el contexto del reciente Decreto 930, que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Manejo Sustentable del Maguey, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Hidalgo nos hace saber su perspectiva técnica y colaborativa para abordar las preocupaciones de los productores de maguey y garantizar un manejo sostenible y justo de esta planta icónica.

A pesar de las tensiones, existe un esfuerzo conjunto entre productores y la SADERH para desarrollar una nueva propuesta de ley que sea más inclusiva y efectiva. El actual secretario de agricultura Napoleón González y su equipo, junto con los productores, han trabajado arduamente en mesas de trabajo para crear un proyecto de mejora de ley que ya está avanzado en un 60%. Este esfuerzo colaborativo busca asegurar que las necesidades y preocupaciones de los productores sean escuchadas y atendidas adecuadamente.

• Registro y Control de Productores

La SADERH subraya la importancia del registro y control de los productores de maguey como un paso crucial. Este registro permitirá una supervisión más precisa de las actividades relacionadas con el maguey, facilitando la aplicación de políticas públicas de conservación, protección y fomento del maguey y sus subproductos. La iniciativa busca establecer una base de datos actualizada y confiable que asegure la trazabilidad y transparencia en la cadena de producción a través de guías electrónicas que faciliten la trazabilidad y movilidad de plantas y productos. Sin embargo, una crítica recurrente es que esta reforma no cumple con los requisitos necesarios. Según los productores, la reforma no fue colegiada y no incluyó a la SADERH en su formulación. Además, no se realizaron foros ni mesas de trabajo con los interesados y afectados, lo que ha generado descontento y oposición.

• Impacto Económico de la Veda

Uno de los puntos cruciales que considera el nuevo proyecto de ley en el que trabaja la SADERH es el impacto económico de la veda del maguey. La SADERH reconoce que prohibir la explotación del maguey sin un marco adecuado podría afectar significativamente la cadena de valor, de la cual dependen miles de familias en 46 municipios.

La economía local se sustenta en la venta de penca, extracción del chinicuil, gusano blanco, mixiote, ixtle y otros subproductos como el aguamiel, pulque y destilados. Es esencial que cualquier medida de conservación sea equilibrada con las necesidades económicas de las comunidades locales.

Además, la problemática de los saqueadores de maguey, conocidos como mixioteros, agrava la situación. Actualmente, no existe una ley penal que castigue específicamente este delito, lo que permite que este fenómeno delictivo prospere. La nueva propuesta de ley también considera abordar esta laguna legal, buscando mecanismos para sancionar adecuadamente a quienes explotan ilegalmente los recursos magueyeros, protegiendo así a los productores y asegurando la sostenibilidad económica y ambiental de la región.